La requirente estima que la causal invocada vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque se obliga al tribunal a dar curso al procedimiento concursal de liquidación forzosa aun cuando los títulos fundantes se encuentran prescritos, lo que en un juicio ejecutivo ordinario no es posible.

Como el artículo 48 no incluye el auto despido entre las causales conforme a las cuales los funcionarios de una dotación municipal de salud dejaran de pertenecer a ella, los requirentes alegan que se configura una discriminación arbitraria en su contra.

Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.

El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.

Las normas consultadas no revisten el carácter de orgánico constitucional en cuanto no innovan respecto de las atribuciones que ya tienen los municipios, decisión adoptada con voto disidente.

La requirente estima que la declaratoria significa una carga totalmente desproporcionada que coarta su patrimonio.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.

En caso que los requerimientos se declaren admisibles, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse luego sobre el fondo de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.

El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.