El requirente alega que se infringe la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que restringe la procedencia del recurso de apelación a determinadas resoluciones judiciales, privando la posibilidad de acceder a una segunda instancia.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, desde que la situación injusta que solo es posible remediarla a través de un recurso de queja, que se le niega, y al que cualquier otro litigante no laboral sí puede ejercer, por lo que la norma objetada provoca una desigualdad arbitraria sin sustento legal y sin comprensión procesal.

El requirente alega, que como lo ha demostrado la práctica, el precepto legal impugnado se ha prestado para generar una verdadera industria en torno a revivir procesos fenecidos y archivados, con el mero propósito de procurarse un enriquecimiento sin causa, en cuanto el ejecutante se beneficia de su propia negligencia procesal y del transcurso del tiempo.

El requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que le impide ejercer una adecuada defensa en sede ejecutiva, a partir de una decisión de la CGR y del Tribunal de Cuentas que de ella depende, en que la sentencia fue dictada por quien ha sido juez y parte en el juicio de cuentas, dejándolo en una absoluta indefensión.

Los Senadores requirentes alegaron que el Decreto Supremo infringiría los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, regulada en el artículo 32 N°6 de la Constitución, en cuanto ha trasgredido y pretendido ampliar sus competencias, normando aspectos que corresponden a una ley general; la que establece las bases esenciales del medio ambiente (Ley N°19.300).

En el presente artículo busco explicar, precisando mi rol como uno de los abogados patrocinantes, el requerimiento presentado por 17 H. Senadores y H. Senadoras sobre la indicación presentada por la oposición que mutualiza lo que las Isapres deben devolver conforme al fallo de la Excma. Corte Suprema, a efectos de aportar al debate público sobre esta acción y su conocimiento por el Tribunal Constitucional que ocurrirá en los próximos días.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que impedir el ejercicio del derecho de recurrir de apelación, sin que existan parámetros objetivos y ajustados a la razón, pone a las partes en una situación diferenciada y perjudicial respecto del resto de personas que someten sus conflictos a otros tribunales que no son de policía local, con otros procedimientos y otras competencias legales que contemplan una amplia gama de recursos judiciales que permiten hacer efectivo el derecho a defensa.

Los requirentes alegan que la norma impugnada, impone a todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente el deber de preferir la “convicción” moral y antropológica del Estado por sobre la de sus propios proyectos educativos y la de los padres.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, porque la única forma de que el titular de una concesión minera pueda evitar verse impedido de ejercer las facultades que le confiere su concesión, es que el Tribunal decrete la inmediata paralización de la obra nueva. La suspensión de la obra es esencial para la debida protección de su derecho de propiedad, y no con una mera compensación indemnizatoria “ex post” en base a consideraciones muchas veces subjetivas e inciertas.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a intervenir en un proceso como tercero independiente y el principio de la esencialidad de los derechos y garantías, desde que no le permite comparecer en un juicio ejecutivo de cobro de gastos comunes para oponer excepciones.