en el marco del cual se interpuso una demanda de cuidado personal a favor del hijo del requirente, y en contra de la madre, tramitado actualmente ante un Juzgado de Familia de San Miguel.

«el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución. En consecuencia, se trata de una acción dirigida en contra de normas precisas de jerarquía legal concernidas en una gestión jurisdiccional y que puedan resultar derecho aplicable en ella.»

«para entrar a pronunciarse sobre la admisión a trámite es menester que la parte requirente acompañe copia de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27 de abril de 2007, recaída en el Rol I.C. N° 8587-2002, que invalidó todo lo obrado, a que se alude en el requerimiento».

en lo relativo a la negativa de acceder a la suspensión del procedimiento, quien estuvo por concederla.

la preceptiva impugnada se vulneran las reservas de ley las disposiciones contenidas en los artículos 19 N° 20 y 63 N°s. 2 y 14, en el artículo 65 inciso cuarto N° 1, en relación a los artículos 6° y 7°, todos ellos de la Constitución Política

conforme al certificado del Tribunal Calificador de Elecciones, consta que ante dicho tribunal se dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la VI Región, que rechazó la acción deducida por los mismos concejales individualizados en autos, en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, por notable abandono de deberes.

de aplicarse el precepto impugnado se vulneran sus garantías constitucionales, en específico, las de la igualdad ante la ley y las del racional y justo procedimiento, además de los artículos 1° a 4° de la Carta Fundamental, al impedir que se recurra respecto del segundo juicio oral.

se objetan las expresiones “en la forma que determine el Reglamento” e “inválido”, por cuanto se estima que vulneran la igualdad ante la ley y la no discriminación por razón alguna incluida el género de las personas.

«la exigencia de fundamento plausible para declarar la admisibilidad supone una condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por el cual la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada»

La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno.