TC se pronunciará sobre el fondo de requerimiento que impugna norma sobre decisión de no perseverar del Ministerio Público.
La gestión pendiente incide en autos sobre el delito de incendio que conoce el Juzgado de Garantía de Coihaique.
La gestión pendiente incide en autos sobre el delito de incendio que conoce el Juzgado de Garantía de Coihaique.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 20 de la Ley N° 19.234, modificado por la Ley N° 19.582. La gestión pendiente invocada incide en juicio de hacienda, en actual apelación ante la Corte de Apelaciones de Chillán. En su resolución, arguyó la Magistratura Constitucional que el requerimiento deducido además […]
Declarado admisible el requerimiento deducido, el Tribunal Pleno ordenó ponerlo en conocimiento del señor Presidente de la República y del Contralor General de la República.
Las gestiones pendientes invocadas inciden en autos sobre recurso de reclamación en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, incoadas ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso sobre reclamación incoada por la actora en contra de la Resolución DGA Exenta N° 569, de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Aguas, que se encuentra actualmente pendiente ante la Excma. Corte Suprema.
Las gestiones pendientes inciden en autos sobre constitución de concesión minera que conoce el 1° Juzgado de Letras de Calama.
Se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del primer párrafo del numeral 9º de la Ley Nº 18.101, que fija normas sobre arrendamiento de predios urbanos.
La gestión pendiente invocada incide en autos criminales sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en actual conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre resolución de contrato con indemnización de perjuicios de que conoce el Juzgado de Letras de La Ligua.
El TC declaró constitucionalidad de proyecto de ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas.