«vulnerarían sus garantías constitucionales, en particular, su derecho al debido proceso, referido a los principios que deben informar a todo procedimiento racional y justo, toda vez que tales disposiciones establecen brevísimos plazos -en una sola audiencia- para acompañar antecedentes probatorios».

que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulnera el artículo 5° de la Carta Fundamental, además de sus derechos a un racional y justo procedimiento.

la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera su garantía de la igualdad ante la ley, su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el contenido esencial de sus derechos fundamentales.

se establece que un recurso, interpuesto en forma y tiempo, y declarado admisible, debe ser declarado abandonado por el no ejercicio de un derecho, vulnerando el derecho al debido proceso, en particular lo relativo a la revisión de lo fallado por una instancia superior, establecido en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y el principio de inexcusabilidad de los tribunales.

la autoridad edilicia ha cumplido con todas las exigencias legalmente previstas, particularmente considerando que lo previsto en el precepto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades impugnado consiste en una obligación de hacer, relativa a realizar todas las gestiones a fin de dictar el correspondiente decreto alcaldicio para el cumplimiento de la sentencia definitiva emanada por el pertinente juzgado laboral.

la aplicación de la precitada norma, vulneraría sus derechos constitucionales, entre otros, la dignidad de la persona humana, la vida e integridad psíquica y física, la libertad de trabajo y su protección y el derecho al descanso.

«Es una base esencial de todo ordenamiento penal democrático, prosigue el fallo, el principio de que por un mismo hecho delictivo el responsable no puede sufrir más de una pena o ser objeto de más de una persecución criminal, conocido como el “non bis in idem”. Esta interdicción del juzgamiento y la sanción múltiple se sustenta, respectivamente, en la aplicación de principios relativos al debido proceso y la proporcionalidad».

«la parte requirente no ha dado cabal cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 79 de la LOCTC, en orden a acompañar un certificado emitido por el tribunal de la gestión pendiente que de cuenta de todas las circunstancias referidas en dicha disposición».

«Es necesario, para que la Administración Pública atienda de modo apropiado las necesidades colectivas para cuya satisfacción existe, prosigue la sentencia, que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende, pues, de no existir dicha idoneidad se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública».

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de cinco días al resto de los imputados en la gestión pendiente, a la querellante, y al respectivo fiscal del Ministerio Público, fijándose, de igual modo, audiencia para alegar la concurrencia de los presupuestos de inadmisibilidad