La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende dejar sin efecto una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó una demanda de prescripción por estimar que el hecho de realizarse retenciones en la devolución ello significaba una interrupción de la prescripción.

«… la declaración de inaplicabilidad obliga al Tribunal a examinar si el precepto «que se ha impugnado a través de la acción deducida, podría resultar contrario a la Carta Fundamental en su aplicación al caso concreto examinado. Para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (…)»

La gestión pendiente invocada incide en una causa sobre delito de otorgamiento de contrato simulado seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente actúa en calidad de querellante por sí y como representante legal de una sociedad comercial.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y de apelación que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se pretende anular o revocar, respectivamente, la sentencia dictada por un Juzgado de Familia que desestimó una demanda de repudiación y reclamación de filiación por la aplicación de los plazos contenidos en las normas impugnadas, a pesar de que el referido tribunal había llegado a la convicción de que los demandantes eran hijos de quien aparece como padre biológico.

El proyecto de ley, iniciado por mensaje y refundido con mociones de distintos senadores dispone, entre otras materias, que la Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten su uso o izamiento. Con todo, su uso o izamiento será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento.

La parte requirente expone que la norma impugnada vulnera la garantía del juez natural y el principio de responsabilidad del Estado, al sujetar o condicionar el ejercicio de acciones jurisdiccionales, a una instancia previa de orden administrativo, es decir, ante un órgano que forma parte del Estado siendo “parte afectada y a la vez interesada”.

De esta manera, lo único a que obliga el artículo 20 de la Carta Fundamental es a entregar necesariamente a las Cortes de Apelaciones el conocimiento de las acciones constitucionales de protección y de su texto no se deriva el derecho a una segunda instancia previa vista de la causa ante la Corte Suprema.

Asimismo, tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N° 20.379, velando porque las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población en el marco de las políticas, planes y programas establecidos.

La decisión, en cuanto a la suspensión del procedimiento, fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes.

Recibidos los antecedentes por el ente persecutor, se procedió a citar a declarar al imputado, quién señaló que las lesiones eran de carácter leve, tras lo cual el fiscal reenvió los antecedentes al Juzgado de Policía Local de origen, que reiterando el contenido de los informes forenses tuvo por trabada la contienda y ordenó elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Rancagua.