«el requerimiento carece de fundamento plausible, puesto que lo planteado como cuestión de constitucionalidad es, en realidad, un asunto de mera legalidad que se confunde con lo debatido en la gestión pendiente, materia que es de competencia de los jueces del fondo y que escapa al control de constitucionalidad que corresponde ejercer a este Tribunal a través de la acción de inaplicabilidad».

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 32 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.La gestión pendiente en que incide el requerimiento recae en una demanda declarativa laboral en contra de la Municipalidad de La Ligua, requirente de estos autos, por […]

«con la expresión inviolabilidad se apunta a proteger dos bienes jurídicos simultáneamente: por una parte, el de la libertad de las comunicaciones; por la otra, se protege el secreto de las comunicaciones. Lo que esta garantía protege es la comunicación, cualquiera sea su contenido y pertenezca o no éste al ámbito de la privacidad o intimidad».

«dados los elementos de juicio que anteceden, el requerimiento de autos aparece desprovisto de sustentación suficiente, toda vez que no ha logrado convencer a esta Magistratura de que los derechos de la reclamante a la defensa jurídica y a un justo y racional procedimiento se hayan visto vulnerados en el proceso en actual trámite de apelación ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.»

«el caso específico del IVA, sostiene el TC que si bien esta Magistratura ha realzado la importancia de que se cumpla con el principio de legalidad tributaria en los términos descritos, ha admitido, sin embargo, que las disposiciones contenidas en la ley puedan ser complementadas mediante la potestad reglamentaria de ejecución contemplada en el artículo 32, N° 6°, de la Carta Fundamental».

«la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada; y que no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC».

«estiman que estas normas son vulneratorias de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la interdicción de la discriminación arbitraria, que infringen los derechos a la protección de la salud y al debido proceso, en la medida que se presume una infracción y la culpabilidad, dando un régimen de protección más favorable y ventajoso a los titulares de patentes farmacéuticas, que se traducirá en dificultar el acceso a medicamentos de alto costo».

“el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26°, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

“Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

“que para tener el reconocimiento oficial de un establecimiento de educación parvularia, básica y media, es menester tener un sostenedor, el que podrá ser una persona jurídica de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación”.