la autoridad edilicia ha cumplido con todas las exigencias legalmente previstas, particularmente considerando que lo previsto en el precepto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades impugnado consiste en una obligación de hacer, relativa a realizar todas las gestiones a fin de dictar el correspondiente decreto alcaldicio para el cumplimiento de la sentencia definitiva emanada por el pertinente juzgado laboral.

la aplicación de la precitada norma, vulneraría sus derechos constitucionales, entre otros, la dignidad de la persona humana, la vida e integridad psíquica y física, la libertad de trabajo y su protección y el derecho al descanso.

«Es una base esencial de todo ordenamiento penal democrático, prosigue el fallo, el principio de que por un mismo hecho delictivo el responsable no puede sufrir más de una pena o ser objeto de más de una persecución criminal, conocido como el “non bis in idem”. Esta interdicción del juzgamiento y la sanción múltiple se sustenta, respectivamente, en la aplicación de principios relativos al debido proceso y la proporcionalidad».

«la parte requirente no ha dado cabal cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 79 de la LOCTC, en orden a acompañar un certificado emitido por el tribunal de la gestión pendiente que de cuenta de todas las circunstancias referidas en dicha disposición».

«Es necesario, para que la Administración Pública atienda de modo apropiado las necesidades colectivas para cuya satisfacción existe, prosigue la sentencia, que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende, pues, de no existir dicha idoneidad se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública».

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de cinco días al resto de los imputados en la gestión pendiente, a la querellante, y al respectivo fiscal del Ministerio Público, fijándose, de igual modo, audiencia para alegar la concurrencia de los presupuestos de inadmisibilidad

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a la Ilustre Municipalidad de Concepción.

se infringe lo dispuesto f) del numeral 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en cuanto al derecho a la no auto incriminación bajo juramento en causa penal, el derecho a la defensa jurídica y el derecho a un justo y racional procedimiento, además de la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales.

vulnera las garantías de legalidad y tipicidad de las sanciones, el derecho a un debido proceso, además de la libertad para desarrollar actividades empresariales y la igualdad ante la ley en materia económica.

El proyecto de ley objeto de control establece tres bonificaciones como incentivos al retiro para un conjunto de funcionarios municipales. Una de esas bonificaciones, la complementaria, es de pago eventual por decisión del Alcalde, “previo acuerdo del Concejo Municipal”.