No se advierte una transgresión constitucional atribuible a las normas cuya inaplicabilidad se solicita y entendiendo que gran parte de las objeciones dicen relación con eventuales vicios en el procedimiento que deberán ser acreditados por el reclamante de ilegalidad y establecidos o descartados por el Tribunal Ambiental, el presente requerimiento no puede prosperar.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, ya que al ser la tasación fiscal menor que la mitad del justo precio, se perjudica enormemente al propietario.

La utilización como factor para fijar el monto de las multas por infracciones laborales del número de trabajadores de la empresa representa un criterio equívoco, producto de una apreciación superficial de lo que es la realidad económica de las empresas, y de ahí que signifique el establecimiento de una diferencia arbitraria por parte de la ley y un incumplimiento de dar una igual protección a todas las personas, refiere el voto en contra.

El requirente alega que las alegaciones que formula no buscan atacar la extinción de la deuda, sino la imposibilidad de que se sustancie un procedimiento en contra de la Embajada del Estado de Kuwait en Chile, atendido su carácter de misión diplomática, lo que debe ser revisado por un tribunal superior.

El requirente alega que la norma legal objetada en atención al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, infringe el derecho a un recurso contra el fallo de un tribunal inferior, consagrado en el artículo 8º Nº2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que, al no haberse formalizado la investigación, la decisión de no perseverar en el procedimiento hace imposible el ejercicio del derecho a la acción penal por parte de la víctima.

El requirente participó en una detención ciudadana que derivó en el homicidio por el que fue condenado. Alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, como así también, el derecho de recurrir del fallo ante tribunal superior porque no se concede recurso en contra de la segunda sentencia condenatoria

El requirente alega que resulta desproporcionada, represiva, jurídicamente ilegítima y contraria al postulado de última ratio que rige en materia penal, provocando un efecto contrario al fin resocializador de la pena.

No resulta plausible sostener que un agente estatal pueda alegar el desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta constitutiva de un apremio ilegítimo, u otro trato cruel, inhumano o degradante, y tal conclusión no cambia por el hecho de que al tipo penal se introduzcan elementos normativos o se efectúe una remisión a reglamentos a efectos de delimitar el ámbito de lo punible.

La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible.