La requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el debido proceso.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados afectan su dignidad, igualdad ante la ley, el debido proceso, su honra, vida privada y datos personales, su libertad personal y derecho de propiedad.
Los requirentes alegan que la limitación contemplada en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
La requirente estima que la improcedencia del recurso de apelación afecta su garantía a un debido proceso.
El requirente alegó que se establece una limitación arbitraria e irracional a la interposición del recurso de nulidad formal por la sola circunstancia de haberse deducido en una reclamación regida por una ley especial, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alegó que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso. El voto del Presidente no dirime el empate en estos casos.
La requirente estima que la causal invocada vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque se obliga al tribunal a dar curso al procedimiento concursal de liquidación forzosa aun cuando los títulos fundantes se encuentran prescritos, lo que en un juicio ejecutivo ordinario no es posible.
Como el artículo 48 no incluye el auto despido entre las causales conforme a las cuales los funcionarios de una dotación municipal de salud dejaran de pertenecer a ella, los requirentes alegan que se configura una discriminación arbitraria en su contra.
Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.
El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.
