Se infringiría el debido proceso, toda vez que la requirente habría sido sometida a un procedimiento prejuicioso y apresurado, con una Orden de No Innovar, que desde el mismo instante en que el proceso se dirige en contra suya, le causa una parálisis abusiva y desproporcionada de su faena productiva, sin habérsele dado la oportunidad previa de defenderse.

De declarar a la requirente como único empleador, todos los trabajadores de la otra empresa pueden negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal el escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció.

Las requirentes aparecen notificadas por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Se establecerían una serie de diferencias arbitrarias en perjuicio de la requirente, tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que no participó, como al forzar la negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas.

Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la gestión ha concluido su tramitación, no existiendo una gestión judicial pendiente.

Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la acción se promueve respecto de un precepto que no tiene rango legal.

Con la retención de los fondos de la requirente, se configuraría una verdadera expropiación de facto, donde ni siquiera se ha calificado por una actuación de la ley las razones de utilidad pública o de interés nacional que la justifiquen.

Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la gestión ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada.

Se estaría privando a alumnos de escasos recursos económicos de recibir educación, y, justamente, la actual reforma educacional apunta a este derecho.

La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.