El requirente alega que se le impide arbitrariamente terminar con el procedimiento, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación del precepto, en el caso concreto, infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
En votación dividida la primera Sala de la Magistratura Constitucional estimo que el requerimiento adolecía de un déficit argumentativo que no permite el desarrollo de un contradictorio idóneo para, eventualmente, generar la sanción que el actor busca se aplique a determinadas organizaciones y personas.
Los requirentes estiman que la disposición consagra una diferencia perjudicial y carente de razón, además de infringir las normas de formación de la ley.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto en el caso concreto, se vulneran sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera su garantía a un debido proceso.
El artículo 4°, incisos primero y tercero, el artículo 20, inciso segundo, y el artículo 28, inciso primero, en la frase “y será competente para conocer y resolver el juzgado de policía local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario”, inciden en una materia propia de ley orgánica constitucional y se ajustan a la Constitución.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.
El requirente alega que se le obliga a relevar información que no es pública, conforme al texto constitucional, vulnerando su derecho a realizar cualquier actividad económica.
