Infringe el principio de competencia y afecta el derecho constitucional a un procedimiento e investigación justos y racionales.

El requirente estima que se afecta su derecho al debido proceso, a no auto incriminarse y la igualdad ante la ley.

El requirente alega que se le está forzando injustamente a enajenar sus bienes por un valor muy inferior al de mercado, afectando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.

El requirente estima que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías.

El requirente sostiene se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

Adolece de falta de fundamento plausible.

El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.

El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que no puede defenderse de una sanción desproporcionada y cuya cuantía crece en el tiempo, lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.