La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el delito de amenazas seguido en contra del recurrente ante un Juzgado de Garantía de Santiago.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional expresa que para resolver adecuadamente los requerimientos de que se trata, debe precisarse que la parte del precepto legal que se impugna distingue claramente dos situaciones: los tiempos de descanso a bordo o en tierra y las esperas que deban cumplirse entre turnos laborales.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio de reclamación de la filiación no matrimonial seguido ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, encontrándose la causa en la etapa de discusión, suspendida previa solicitud de las partes.
«habiendo tomado conocimiento de la contienda de competencia promovida en esta sede por el Juzgado de Familia de la ciudad de Osorno, y en atención a los antecedentes adjuntos a la misma, el Ministerio Público ha determinado proseguir la investigación de los hechos a que se refiere, por la eventual comisión de alguno de los ilícitos del Titulo XVII, de la Ley N° 18.290”.
en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada
«aún encontrándose pendiente el procedimiento principal sin que las excepciones hayan sido resueltas, la Tesorería ha procedido a retener la devolución anual de impuesto a la renta de la requirente, para luego compensar dichas sumas con las que son objeto de cobro a través del procedimiento principal».
La jueza requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada podría vulnerar las garantías constitucionales referidas a la igualdad ante la ley, la supremacía del interés superior del niño y el derecho a la identidad, reconocidas explicita e implícitamente, conforme al artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en la medida que los presuntos hijos no podrían accionar o podrían hacerlo en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley, lo que no ocurre en el caso sub-lite.
estima que la aplicación de la norma cuestionada vulnera sus garantías constitucionales, en particular, los derechos a la igualdad ante ley y el racional y justo procedimiento, por la imposibilidad de acceder a una revisión de la resolución por un superior jerárquico, existiendo solo la posibilidad de apelación por parte del Ministerio Público, facultad que es de carácter discrecional y que priva a la parte querellante para ejercerla en igualdad de condiciones.
El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 389, parte final, del Código Procesal Penal, donde señala “en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza”, a propósito de las normas supletorias aplicables al juicio simplificado.La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por cohecho sustanciado ante un Juzgado […]
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 225 del Código Civil, que establece reglas de atribución sobre el cuidado personal de los hijos.La gestión pendiente invocada es un juicio de alimentos, en el marco del cual se interpuso una demanda de cuidado personal a favor del hijo del requirente, y en contra de la […]
