La gestión pendiente invocada incide en un proceso sobre apelación de declinatoria de competencia que se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Audiencia pública en la cual expusieron oralmente la Fundación Chile Ciudadano; los senadores señores Eugenio Tuma Zedán, Guido Girardi Lavín y Jaime Quintana Leal; la Asociación de Consumidores Marga Marga Provincia Inteligente (ACOMPI); entre otros.
La gestión pendiente invocada incide en reclamación de liquidaciones, seguida en contra del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Los Ríos, sustanciados ante el respectivo Tribunal Tributario y Aduanero.
El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso 2° del artículo 277 del Código Procesal, referido a la apelación del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el delito de amenazas seguido […]
En su resolución, adujo la Magistratura Constitucional que tales instituciones, organizaciones y académicos podrán efectuar sus presentaciones e ingresarlas en la Secretaría del Tribunal a más tardar el martes 14 de enero de 2014, hasta las 14.00 horas.
El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal, referido a la oportunidad para formalizar la investigación.
Las gestiones pendientes inciden en autos sobre constitución de concesión minera que conoce el 1° Juzgado de Letras de Calama.
La gestión pendiente incide en autos sobre el delito de incendio que conoce el Juzgado de Garantía de Coihaique.
El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 20 de la Ley N° 19.234, modificado por la Ley N° 19.582. La gestión pendiente invocada incide en juicio de hacienda, en actual apelación ante la Corte de Apelaciones de Chillán. En su resolución, arguyó la Magistratura Constitucional que el requerimiento deducido además […]
Declarado admisible el requerimiento deducido, el Tribunal Pleno ordenó ponerlo en conocimiento del señor Presidente de la República y del Contralor General de la República.
