La Polar estima que la aplicación de la norma en este caso pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras y vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, derecho de propiedad y seguridad jurídica.
El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
El requirente estima que los preceptos impugnados transgreden su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la referida declaración resulta improcedente respecto de su realidad empresarial y vulnera sus garantías constitucionales.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, afectando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
Incumple el mandato de taxatividad que dispone la Constitución.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
El requirente estima que se conforma una comisión especial para su juzgamiento, afectando sus garantías procesales.
