La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad que dedujo una E.I.R.L en contra de la alcaldesa y una funcionaria de la Municipalidad de Santiago
Se aduce que este Tribunal no puede enjuiciar los eventuales vacíos o insuficiencias que tenga el reglamento en relación a un tratado. Esa es una consideración ajena a sus atribuciones.
muy al contrario de repudiar o impugnar, la hija ahora actora aceptó en su momento la legitimación, ya sea expresa, ya sea tácitamente, en los términos del texto entonces vigente del artículo 210 del Código Civil, cuyo correlativo actual se encuentra en el artículo 192 del mismo Código.
el presupuesto constitucional básico para que proceda la definición de servicio público es la propia condición de publicatio de la actividad universitaria, cuestión que se puede deducir, pero que, en gran medida, ha sido entregada al propio legislador.
el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado, toda vez que no se mencionan con meridiana claridad los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, cuestión que hace ininteligible para esta Magistratura el conflicto de constitucionalidad que se plantea.
no es admisible para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos concebir la potestad administrativa de admisión del extranjero a cada país, únicamente desde la óptica del orden público interno y como medida de policía de seguridad. Más bien, el punto de vista correcto es complementar la discrecionalidad de orden público con un enfoque de derechos, en el examen de los requisitos de ingreso y permanencia de un extranjero en el país.
el precepto contenido en el inciso primero del artículo 31 bis, establecido en el número 12 del artículo único del proyecto de ley remitido, en la parte que va desde el comienzo de ese inciso hasta el primer punto seguido del mismo, es orgánico y constitucional.
de aplicarse la norma reprochada, se vulnerarían los numerales 2°, 3°, y 26 del artículo 19 de la Constitución Política, además de los derechos y garantías de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“permite la introducción de la televisión digital terrestre”
debe evitarse una declaración de inconstitucionalidad cuando el efecto que ésta va a producir generará resultados aún más inconstitucionales que aquellos que se tratan de evitar en un caso concreto como el que se ha tenido a la vista
