se aprecia que el requirente pretende que se determine la adecuada interpretación de la disposición impugnada y se corrija la aplicación que de la misma se ha efectuado en sede municipal, atribuyéndole al Tribunal Constitucional una competencia que, como se señaló, es propia de los jueces del fondo y que éstos ejercen a través de las distintas herramientas procesales que consagra el legislador.

el requerimiento de autos no da debido cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 80 de la LOCTC, toda vez que la requirente no indica de modo claro y preciso la forma en que la aplicación a la gestión sub lite del precepto legal cuestionado infringiría las disposiciones constitucionales que invoca como conculcadas.

consta en autos que con fecha 18 de mayo de 2012 la Corte Suprema falló el recurso de casación en el fondo deducido en la gestión sub lite, sentencia que se notificó por el estado diario y respecto de la cual no proceden recursos, por lo que se encuentra firme o ejecutoriada.

Los funcionarios, al igual que todas las personas, tienen aquellos derechos que su relación estatutaria, definida por el legislador, no haya limitado expresa e inequívocamente. Los funcionarios no son personas de segunda categoría ante la Constitución

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.La gestión judicial invocada incide en un proceso sobre delito de desacato de que conoce el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el cual el requirente de inaplicabilidad es imputado a causa de la negativa a cumplir una […]

es clara la intención del legislador en orden a no disminuir las garantías de los derechos de los extranjeros y que, por otra parte, el juez tiene todas las herramientas para interpretar con criterios conforme a la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. No obstante, agregan, es función de esta Magistratura precisar el cartabón contra el cual se deben confrontar cuestiones que, en la práctica, importen efectos constitucionales concretos.

el denominado fuero parlamentario es una antigua institución de derecho público, característica del régimen democrático representativo, de naturaleza especial y excepcional, destinada a asegurar la instalación y el funcionamiento regular y continuo de las cámaras o asambleas representativas, así como la genuina correlación interna de las fuerzas políticas representadas en ellas según el resultado de la última elección, por la vía de garantizar que sus integrantes no serán impedidos de asumir sus funciones o de asistir a sus sesiones, debido a suspensiones apoyadas en acusaciones sin fundamento grave y acreditado.

en la medida que no se alteran los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales ni se introducen contenidos mínimos a los niveles básico y medio de enseñanza, ni tampoco normas objetivas de general aplicación que atribuyan al Estado potestades para velar por el cumplimiento de los mismos, las normas del artículo 4º del proyecto sometido a control no regulan materias propias de ley orgánica constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 1° del artículo 781 del Código de Procedimiento Civil.El precepto cuya aplicación se impugna señala: “Elevado un proceso de casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recuso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne […]

El Alcalde de la Municipalidad de La Calera dedujo requerimiento de inconstitucionalidad del numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema, de 27 de junio de 1992, relativo a la tramitación y fallo del recurso de protección. El presunto impugnado dispone: “Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del […]