el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado, toda vez que no se mencionan con meridiana claridad los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, cuestión que hace ininteligible para esta Magistratura el conflicto de constitucionalidad que se plantea.

no es admisible para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos concebir la potestad administrativa de admisión del extranjero a cada país, únicamente desde la óptica del orden público interno y como medida de policía de seguridad. Más bien, el punto de vista correcto es complementar la discrecionalidad de orden público con un enfoque de derechos, en el examen de los requisitos de ingreso y permanencia de un extranjero en el país.

el precepto contenido en el inciso primero del artículo 31 bis, establecido en el número 12 del artículo único del proyecto de ley remitido, en la parte que va desde el comienzo de ese inciso hasta el primer punto seguido del mismo, es orgánico y constitucional.

de aplicarse la norma reprochada, se vulnerarían los numerales 2°, 3°, y 26 del artículo 19 de la Constitución Política, además de los derechos y garantías de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“permite la introducción de la televisión digital terrestre”

debe evitarse una declaración de inconstitucionalidad cuando el efecto que ésta va a producir generará resultados aún más inconstitucionales que aquellos que se tratan de evitar en un caso concreto como el que se ha tenido a la vista

el Banco Central de Chile estará facultado para mantener o adoptar las medidas necesarias, conforme a su ley orgánica constitucional y, asimismo, se regula la exigencia del encaje, conforme al artículo 49 N° 2 de la misma ley, respecto a las transferencias a que hace alusión el referido acuerdo.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en materia de arresto por no pago de pensión alimenticia.

en la actualidad el personal no docente se rige por el Código del Trabajo. Ese es su estatuto jurídico base. Sin embargo, por mandato del legislador, en algunos aspectos específicos, se le aplican normas propias de los funcionarios públicos afectos a un Estatuto Administrativo clásico.

se vulnerarían los artículos 1°, 4° y 5° de la Constitución Política, además de los derechos y garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, 3° y 21, del artículo 19 de la Carta Fundamental.