El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso final del artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 del Ministerio de Obras Públicas, del año 1997.La gestión judicial invocada es un recurso de casación en la forma y fondo –que está pendiente la vista de la causa- seguida […]

la igualdad es una categoría relacional que se refiere tanto a la situación de un individuo en particular como también a la condición en que se encuentran distintos grupos o colectividades de individuos que son objeto de alguna discriminación arbitraria, como suele suceder con minorías religiosas, políticas o raciales, pueblos originarios, inmigrantes, trabajadores ilegales, mujeres, niños, tercera edad, discapacitados, integrantes de minorías sexuales, etc.

“no puede considerarse como razonablemente fundada la acción intentada en la especie, si resulta evidente que el conflicto de constitucionalidad que se plantea coincide con el que, en su oportunidad, ya fue resuelto por esta Magistratura al conocer del requerimiento de inaplicabilidad”

al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. Por último, estima que los razonamiento de la Magistratura Constitucional en la sentencia rol N°1185-08, en orden a declarar inaplicable el precepto legal impugnado, es plenamente aplicable al caso sublite.

requirente fue condenada al pago de multas por prestar servicios de seguridad con guardias no acreditados, sin credencial, sin seguros de vida y sin estar especificados en una directiva de funcionamiento aprobada por la autoridad fiscalizadora.

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las demás partes de gestión en que incide el requerimiento.

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a la Empresa Periodística La Nación S.A.

por cuanto las infracciones de tránsito ya habían sido objeto de sanciones.

constituye una cuestión de interpretación del recto o incorrecto sentido y alcance de las normas legales que establecen las potestades del alcalde, cuestión que corresponde a la órbita de atribuciones de los jueces del fondo y que no da origen a un conflicto de constitucionalidad de aquellos que deba conocer esta Magistratura en virtud del numeral 6º del artículo 93 de la Carta Fundamental.

cuando lo solicitado declarar inaplicable sea una interpretación manifiestamente inconstitucional y que rectamente interpretada adquiere su sentido natural dentro de aquellos compatibles con la Constitución.