El requirente sostiene que se le impide controvertir una sanción desproporcionada, lo que transgrede sus derechos de igualad ante la ley y debido proceso.

La requirente estima que la norma en el caso concreto lo sanciona de forma desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

Los requirentes alegan que la normativa impugnada al negar de plano su petición de nulidad de todo lo obrado, les impide hacer valer sus derechos en juicio.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegan que fueron arbitrariamente excluidos del bono de reconocimiento profesional.

No describe expresamente una conducta, tal como lo exige el artículo 19, N° 3, inciso noveno, de la Constitución.

Concluida la gestión judicial, el gravamen constitucional que pudo haber existido en la aplicación de la norma cuestionada ha desaparecido y con ello el objeto mismo del proceso constitucional.

La requirente estima que el hecho de aplicar una multa por razones que nada tienen que ver con la conducta infractora vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.

Vulnera el derecho al recurso de los requirentes y, además, carece de una justificación razonable que lo haga plausible en términos constitucionales.

Las requirentes estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecidos por la Constitución.

La requirente estima que se vulnera su derecho al debido proceso, toda vez que no le permite hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.