El proyecto de ley objeto de control establece tres bonificaciones como incentivos al retiro para un conjunto de funcionarios municipales. Una de esas bonificaciones, la complementaria, es de pago eventual por decisión del Alcalde, “previo acuerdo del Concejo Municipal”.

«la distinción efectuada por el legislador carece de razonabilidad y no se encuentra vinculada a algún fin lícito que la justifique, constituyéndose en una diferencia arbitraria que contraría el principio de igualdad ante la ley y que restringe severamente el ejercicio de la acción penal a quien naturalmente le es atribuible».

«el requerimiento que se intente ante esta Magistratura no sólo debe señalar con precisión y suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la o las determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse de manera clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso judicial».

“en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los jueces del fondo”

«no divisa cómo podrían vulnerarse el artículo 19, N° 2°, constitucional, así como el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, en relación con el artículo 7°, letra a), punto i, y letra d), del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. Bastando para rechazar estas alegaciones reiterar que el precepto objetado posee justificación bastante, atendida la situación especial que trata de regular. Además de contemplar el pago de una compensación que -en este caso concreto- ha tenido lugar, sin que aparezcan antecedentes en cuanto a que su procedencia y monto hayan sido impugnados en sede laboral».

«según consta en la documentación acompañada, el sumario administrativo dirigido contra el requirente finalizó mediante pronunciamiento firme, que fuera expedido por el Ministro de Hacienda, configurándose de esta manera la causal de inadmisibilidad contenida en el número 3° del artículo 84 de la LOCTC».

«la obligación que pesa sobre el legislador en establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, toda vez que la notificación “ficticia” establecida, no se condice con tal garantía siendo del todo irracional e injusto que opere una supuesta notificación por el sólo hecho de dictarse la resolución respectiva sin conocer realmente su contenido y sin poder, además los solicitantes, hacer oportunamente sus alegaciones o medios de impugnación».

«no cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones legales y en las demás pertinentes de la LOCTC para ser acogido a tramitación, en tanto no se han acompañado las copias íntegras de las actas de sesiones de sala o comisión en las que se hubiere tratado el problema, ni tampoco los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados, de conformidad a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 63 de la LOCTC».

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna la oración «cuando lo interpusiere el Ministerio Público», contenida en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, y de la oración «dicte las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar», contenida en el artículo 320 del mismo […]

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, del inciso cuarto del artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.La gestión pendiente invocada incide en los autos criminales sobre uso malicioso de documento falso, de que conoce el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.Estima el requirente que la aplicación de la precitada norma, vulneraría sus garantías constitucionales, entre […]