La gestión pendiente invocada incide en un recurso de nulidad en materia laboral que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante el cual se pretende anular una sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de San Bernardo.

Lo anterior, por cuanto estima que las citadas disposiciones legales podrían resultar decisivas en la gestión judicial que se encuentra pendiente, que es sólo el cumplimiento de la sentencia definitiva de uno de los procesos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Rancagua y que, a su respecto, la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta -que basada en las normas impugnadas- declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.

Para ello citó a una audiencia pública que se celebraría el mismo día de la vista de la causa y con anterioridad a ésta, esto es, el día 21 de junio de 2011. Sin embargo, atendido el alto nuecero de solicitudes que ingresaron a la Secretaría del Tribunal -108 presentaciones escritas-, de las cuales 46 solicitaron ser oídas en la audiencia pública, la Magistratura Constitucional acordó que la referida audiencia se inicie el día de hoy.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual se dictó el auto de apertura de juicio oral y donde el requirente tiene la calidad de imputado y acusado.

La acción de inaplicabilidad incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

En tal sentido observa que el principio del contradictorio es una de las bases esenciales del proceso debido, y que de éste se infiere el derecho de las partes a intervenir, en condiciones de igualdad, sobre las materias que son objeto de decisión y, también, en la exigencia de que la prueba sea examinada y discutida por los antagonistas.

(…) al estimar que el precepto legal cuestionado podría resultar decisivo en la gestión judicial, que la acción de inaplicabilidad se encuentra razonablemente fundada y que no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la precitada disposición legal.

Este sostiene que el CPLT resolvió que debía proporcionarse “toda la información requerida respecto del Director Nacional de FOSIS, con la sola excepción de la referencia de terceros dentro del proceso de selección”, lo que aquel estima afecta los principios de confidencialidad y reserva que amparan al proceso de selección.

Las gestiones pendientes invocadas inciden en sendos recursos de casación en el fondo que deberá conocer la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular las sentencias interlocutorias que acogieron la caducidad de los derechos emanados de manifestaciones mineras y ordenan la cancelación de las respectivas inscripciones.