Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 456 bis, numeral 3°, del Código Penal.El precepto legal impugnado dispone que: “En los delitos de robo y hurto serán circunstancias agravantes las siguientes: 3° Ser dos o más los malhechores;”.La gestión pendiente invocada es una acción de revisión de sentencia penal, recaída en una condena por […]

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 207, letra b) de la Ley N° 18.290 y, 39 y 40 de la Ley N° 18.287.La gestión pendiente en que incide el requerimiento recae en un procedimiento por acumulación de infracciones a la Ley de Tránsito, seguida ante el Juez del […]

TC ordenó poner el presente requerimiento en conocimiento del señor Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, enviándoles copia del mismo, del escrito, y de la respectiva resolución, para que, en su calidad de órganos constitucionales interesados, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la comunicación, formulen las observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes, luego de lo cual, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

la contrariedad a los principios constitucionales referidos aparece clara y nítida, no pudiendo ser interferida en su comprensión por consideraciones ajenas a su esencia, pues en todos los procesos vinculados se tutela el mismo bien jurídico; no existe un hecho delictivo nuevo (el que motiva el tercer proceso no lo es, como que su fundamento es una infracción ya juzgada) y el instituto de la acumulación de penas está reservado, por su naturaleza, a situaciones del todo ajenas a las que se ventilan en este caso.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 12 inciso 2° de la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.En su resolución, la Magistratura Constitucional expresa que ha resuelto en oportunidades anteriores, atendido el mérito de cada caso particular, que si un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto […]

no puede considerarse razonablemente fundada la acción intentada en la especie, si resulta evidente que el conflicto de constitucionalidad que se plantea coincide con el que, en su oportunidad, ya fue resuelto por esta Magistratura al conocer el requerimiento de inaplicabilidad, Rol N° 2206-12-INA, interpuesto por la misma parte que acciona en estos autos, impugnando la misma disposición que en este requerimiento se solicita declarar inaplicable, a saber, el inciso segundo del artículo 211 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 2005, del Ministerio de Salud, y en la misma gestión pendiente.

ha resuelto en oportunidades anteriores, atendido el mérito de cada caso particular, que si un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar, resulta impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite, procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida

la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, se sostiene que el limitado número de excepciones que puede oponer el demandado ejecutivo, en este procedimiento laboral, resulta arbitrario, especialmente al no considerar la excepción de prescripción, lo cual constituiría una restricción para ejercer el derecho a la jurisdicción garantizado por la Constitución.

la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que la fianza de resultas no es compatible con la igualdad procesal, en la medida que no tenga una justificación constitucional, a la luz del debido proceso.

la aplicación del precepto legal resultaría contraria a la Constitución, el requerimiento sostiene que, de aplicarse las normas impugnadas y ordenarse en definitiva la entrega de sus antecedentes, se afectarían derechos constitucionales, entre otros, el respeto y protección de la vida privada, como también se violentará el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que estén garantizados por tratados internacionales ratificados por Chile, como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica.