el tema no puede merecer mayores dudas en nuestro Derecho Constitucional. En efecto, cuando el artículo 32 N°1° de la Constitución Política de la República refiere, como atribución especial del Presidente de la República, la de “[c]oncurrir a la formación de las leyes, sancionarlas y promulgarlas”, diferencia claramente en el proceso de elaboración de esta clase de normas, entre la función de co-legislador – que se expresa en su concurrencia a la “formación de las leyes”, a través de los instrumentos que el ordenamiento constitucional le reconoce, tales como la iniciativa de ley, las urgencias, el veto, etc. -y las funciones de sanción y promulgación. En ambos últimos casos, se trata de un ejercicio de potestad reglamentaria manifiestamente inserto en el entorno de su variable autónoma y fuera del dominio legal.

«En cuanto a la facultad de ordenar la presencia de un fiscal en el estadio frente a un riesgo pre-delictual es inconstitucional, toda vez que, explica la disidencia, la presencia del fiscal no disuade ni tampoco colabora a la dirección eventual de la investigación, la cual está en una fase tan preventiva que le impide impartir órdenes directas a Carabineros de Chile, mientras ésta enfrenta problemas de orden público».

El TC declaró la constitucionalidad de normas contenidas en proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, que reformó el antedicho Código como efecto de la reforma procesal penal, en lo relativo a permitir la destinación de jueces a tribunales de su misma especialidad.En su sentencia, la Magistratura […]

El conjunto de preceptos legales cuya aplicación se impugna se refieren al estatuto del remate y el régimen de ejecución de los bienes del deudor.La gestión pendiente invocada incide en un proceso ejecutivo civil, de carácter sumario, en el que se rechazaron las excepciones opuestas por el deudor, que es el requirente de inaplicabilidad.La parte […]

El TC, luego de que el requirente subsanara los defectos de su libelo, admitió a trámite una acción de inaplicabilidad que impugna los artículos 57, inciso cuarto, y 58, inciso primero, de la Ley N° 18.175 (Ley de Quiebras).La gestión pendiente invocada es un proceso de quiebra, en el cual la requirente de inaplicabilidad es […]

«no admitió a trámite la acción deducida, pues del mérito de los documentos acompañados al requerimiento, se desprende que en contra de la resolución dictada por el Juez de Garantía, que excluyó del auto de apertura de juicio oral determinada prueba ofrecida por la parte requirente, ésta dedujo recurso de apelación, el que no fue admitido, por improcedente, recurriendo de hecho en contra de dicha resolución».

las autoridades coreanas han decidido trabajar en la elaboración de normas que logren conciliar el derecho a expresar libremente todo tipo de opiniones en la red virtual con la debida protección a la honra de quienes se ven afectados por ellas.

«el requerimiento no contiene una explicación clara de los fundamentos de derecho en que se funda, produciéndose una discordancia entre la argumentación que lo sustenta y la pretensión que formalmente ejercita, careciendo, por consiguiente, de una fundamentación jurídica bastante».

«del mérito de los antecedentes de autos se desprende que la gestión pendiente invocada en el requerimiento consistía en el recurso de reposición deducido en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad planteado por la parte requirente de autos y recurrente de casación ante la Corte Suprema, en contra de la resolución que declaró inadmisible el referido recurso».

El precepto legal cuya aplicación se impugna dispone: “El derecho de aprovechamiento conlleva, por el ministerio de la ley, la facultad de imponer todas las servidumbres necesarias para su ejercicio, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes».La gestión pendiente invocada incide en un proceso civil, de carácter sumario, en el cual la requirente de inaplicabilidad -una […]