La requirente estima que vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, un procedimiento racional y justo, y su derecho de propiedad.
Se estima que la imposibilidad de apelar en estos casos afectaría tanto el debido proceso, como la igualdad ante la ley, y el debido ejercicio de la facultad conservadora contenida en el artículo 76 de la Constitución.
Constituye una medida preventiva de naturaleza cautelar y ha sido dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, justo y racional.
Se alega que la sanción establecida otorga una discrecionalidad a los Juzgados de Policía Local que contravendría los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución.
El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.
Contraviene la esencia de la garantía de igualdad y el principio de proporcionalidad.
Requirente estima que infringe su derecho de propiedad.
Requirente estima que infringe la garantía de igualdad ante la ley y su derecho a defensa e impugnar lo resuelto.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
Normas sobre las cuales emite pronunciamiento son declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
