al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. Por último, estima que los razonamiento de la Magistratura Constitucional en la sentencia rol N°1185-08, en orden a declarar inaplicable el precepto legal impugnado, es plenamente aplicable al caso sublite.

requirente fue condenada al pago de multas por prestar servicios de seguridad con guardias no acreditados, sin credencial, sin seguros de vida y sin estar especificados en una directiva de funcionamiento aprobada por la autoridad fiscalizadora.

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las demás partes de gestión en que incide el requerimiento.

la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a la Empresa Periodística La Nación S.A.

por cuanto las infracciones de tránsito ya habían sido objeto de sanciones.

constituye una cuestión de interpretación del recto o incorrecto sentido y alcance de las normas legales que establecen las potestades del alcalde, cuestión que corresponde a la órbita de atribuciones de los jueces del fondo y que no da origen a un conflicto de constitucionalidad de aquellos que deba conocer esta Magistratura en virtud del numeral 6º del artículo 93 de la Carta Fundamental.

cuando lo solicitado declarar inaplicable sea una interpretación manifiestamente inconstitucional y que rectamente interpretada adquiere su sentido natural dentro de aquellos compatibles con la Constitución.

“el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26°, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

resulta que el requerimiento no contiene una explicación clara de los fundamentos de derecho en que se funda la acción, produciéndose una discordancia entre la argumentación que lo sustenta y la pretensión que formalmente ejercita, careciendo, por consiguiente, de una fundamentación jurídica bastante.

Se dedujo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de un grupo de Senadores, por cuanto habría promulgado la Ley N° 20.595 con un título diferente al que constitucionalmente correspondía, incluyendo la expresión “Ingreso Ético Familiar”, que había sido expresamente eliminada por el legislativo.Señalan los requirentes que a lo largo de la tramitación de […]