El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
El requirente estima que los preceptos impugnados transgreden su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la referida declaración resulta improcedente respecto de su realidad empresarial y vulnera sus garantías constitucionales.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, afectando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
Incumple el mandato de taxatividad que dispone la Constitución.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
El requirente estima que se conforma una comisión especial para su juzgamiento, afectando sus garantías procesales.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
