De aplicársele la norma legal impugnada, expone la requirente, se vulnerará su derecho de propiedad y el principio de juridicidad.

El TC admitió a trámite requerimiento de inaplicabilidad promovido por el Juez de Policía Local de María Pinto con el objeto de que la Magistratura Constitucional se pronuncie sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que pudieran derivarse de los artículos 207, letra b), de la Ley Nº 18.290, del Tránsito; y de los […]

La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejercito que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.

«…el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley».

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de nulidad de derecho público seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se pretende anular una serie de actos y procedimientos administrativos realizados, tanto por la SVS como por la Tesorería General de la República, en el marco de un procedimiento de reliquidación y posterior cobro de multa e intereses dispuesto en contra del afectado por la SVS.

«la eventual inconstitucionalidad de las normas cuestionadas resulta más evidente si se tiene en consideración que aquel tribunal fue el que suspendió la licencia de conducir en las dos causas que dieron origen al proceso de acumulación de infracciones a la Ley del Tránsito»

De aceptarse la tesis contraria, concluye al requerimiento, se establecería un precedente absolutamente reñido con el régimen presidencial contemplado en nuestro ordenamiento constitucional.

Ésta sostiene que el único caso en que tendría sentido la prohibición de reformatio en peius, es en el segundo juicio actualmente en tramitación, pues, arguye, nunca la resolución que acoja un recurso de nulidad implicará, ante la Corte, una posibilidad de reforma en perjuicio, ya que ésta no puede dictar sentencia de reemplazo.

«La requirente sostiene que de aplicársele la norma impugnada se lesionarán –entre otros derechos constitucionales- su igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en el trato que deben otorgar el Estado y sus organismos en materia económica, la reserva legal y el derecho de propiedad…»

En tal sentido observa que la publicidad y la transparencia no son términos idénticos, puesto que la publicidad “se configura más bien como una obligación de los órganos del Estado, ligada al imperativo de dar a conocer sus actos decisorios”, mientras que la transparencia “se vincula a los procedimientos, contenidos y fundamentos de estos actos, tema que se asocia al derecho de las personas a ser informadas”.