Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 2º, Nº 2º, de la Ley Nº 20.015, en una causa sobre recurso de protección deducido en contra de una Isapre seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La Primera Sala decretó la suspensión del aludido proceso judicial y confirió traslado a la Isapre que solicitó […]

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 2.331 del Código Civil en un recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la sentencia dictada por un Juzgado Civil que no dio lugar a una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual.   La Primera Sala acogió […]

En contra de la resolución que declaró inadmisible la acción de protección la recurrente dedujo recurso reposición y apeló en subsidio. La reposición fue desestimada y el recurso de apelación subsidiario declarado inadmisible. Posteriormente la peticionaria interpuso un “recurso de apelación por inadmisibilidad de recurso de protección” que presentó directamente ante la Corte Suprema, el que fue declarado improcedente.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 185, 309, 406, inciso tercero, 244 y 298 del Código Procesal Penal en relación a una causa pendiente seguida ante un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago por los delitos contemplados en los artículos 233 y 239 del Código Penal. La requirente señala que […]

La impugnación fue declarada inadmisible luego de que se certificara que el recurso de apelación en el que incide el requerimiento de inaplicabilidad deducido había sido resuelto por la Corte Suprema, por lo que no cumplía con el requisito de la existencia de una gestión  pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial en la […]

En relación a los tratados internacionales, se decidió, en votación dividida, que la impugnación –en sede de una acción de inaplicabilidad- de normas contenidas en tratados internacionales es procedente.

La sentencia plantea que se deben conciliar los derechos comprometidos, lo que exige que el intérprete pondere los bienes y derechos en conflicto a fin de armonizarlos y sólo en caso de no ser ello posible dé prevalencia a uno sobre los otros para impedir el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional.

La norma cuestionada establece que “Sólo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores”.

Puntualizan que el bien jurídico protegido por el ilícito en cuestión no es la propiedad en sí, sino el ejercicio de las facultades que derivan del derecho de aprovechamiento de aguas sobre el constitucionalmente se garantiza dominio.

«Las penas que establece el artículo 239 impugnado no son alternativas y el carácter de aflictiva que reviste ha sido definido por el legislador dentro de su legítima discrecionalidad: depende de un juicio de oportunidad o de conveniencia propio de la política criminal».