La impugnación fue desestimada luego de reiterar el TC que la facultad de los Directores Regionales del SII de aplicar sanciones administrativas, se enmarca dentro de su potestad sancionadora, la que no supone el ejercicio de la jurisdicción.

El requirente, dentro de tercero día y en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 41 de la citada normativa, procedió a transcribir el texto íntegro del requerimiento que había deducido, “debidamente corregido” según expresó, y pidió al TC tener por subsanados los defectos representados y, en consecuencia, dar curso a la acción.

Se solicitó declarar inaplicable el artículo 61 de la Ley Nº 18.695 en una causa relacionada con la declaración de incapacidad temporal del Alcalde de la Municipalidad de Llanquihue para continuar en el desempeño del cargo por haber incurrido en la causal prevista en la norma impugnada…

Recuerda que las ediciones oficiales de los códigos surgió en el país junto con el primero que se dictara, esto es, con el Código Civil, y que desde sus inicios se ha seguido un procedimiento semejante, en lo relativo a la custodia de un número de ejemplares debidamente autenticados, que serían los oficiales y a los que debían conformarse las ediciones que posteriormente se hicieran.

El MP planteó que no concurría el requisito de la existencia de una gestión pendiente pues la norma cuestionada fue aplicada y surtió todos sus efectos.

Se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro de inconstitucionalidad en contra de una resolución exenta dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero y de una norma contenida en la ley orgánica de ese servicio, los que inciden en un juicio de reclamo de acto administrativo tramitado ante un juzgado civil.

Razonó que acoger a trámite el requerimiento significaría dejar sin efecto una sentencia interlocutoria dictada en un proceso anterior incoado por la misma requirente.

El requirente estima que una audiencia de características tan limitadas lo priva de su derecho a defensa al impedirle hacer alegaciones y promover incidentes.

No obstante ello, el Tribunal Pleno rechazó el requerimiento, luego de que el Secretario certificó, el día 11 del mismo mes y año, que ante la Corte Suprema solo se encontraba pendiente un recurso de reposición de la sentencia que confirmó el fallo apelado que había sido dictado el 1 de diciembre 2008, por lo que la fecha de resolución del requerimiento no existía ya una gestión pendiente en la que pueda hacerse efectiva la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se solicita.

El TC reiteró que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución, lo que exige que se dirija en contra de normas precisas de jerarquía legal, concernidas en una gestión jurisdiccional y que eventualmente puedan violentar alguna norma constitucional,