Norma que tipifica y sanciona como delito poner en peligro la salud de la población en el contexto de la pandemia, se declara inaplicable por el Tribunal Constitucional.
Infringe los principios de proporcionalidad y legalidad.
Infringe los principios de proporcionalidad y legalidad.
El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
El requirente alega que impedir al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la solicitud de no innovar produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
El requirente alega que no puede oponerse a un cobro injusto en virtud de los preceptos cuestionados, vulnerándose sus derechos a un debido proceso y propiedad.
Establece un marco jurídico que regula la institucionalidad del cambio climático y crea instrumentos para gestionar la crisis.
El requirente estima que vulneran sus garantías de debido proceso, igualdad ante la ley, proporcionalidad de las sanciones y seguridad jurídica.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente produce efectos contrarios a las normas y principios constitucionales.
La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le impide, sin justificación suficiente, solicitar que un tribunal superior conozca sobre una cuestión de fondo, afectando su garantía al debido proceso.