La Defensoría sostuvo que dicha norma infringe los artículos 19 N° 3 y 63 de la Constitución, dado que un DFL no puede ser fuente de delitos ni penas, porque ello supone una infracción al principio de legalidad.
Razonó que ningún precepto de la Constitución ni tampoco de la Convención Americana de Derechos Humanos impiden expresamente la reforma peyorativa por parte de las sentencias que un tribunal superior expida en revisión de una de primera instancia…
El libelo reprocha al juez de la causa haber “efectuado una errada interpretación” de la citada disposición, impugnando la no recepción de la causa a prueba en la gestión judicial pendiente.
El requirente indica que el juicio referido corresponde a varias decenas de denuncias infraccionales y demandas de indemnización de perjuicios que han sido deducidas en contra del Instituto Profesional de Chile S.A. por alumnos de las carreras de Investigación Criminalística y Peritaje Judicial, y también por el Sernac.
El requerimiento fue acogido a tramitación por la Segunda Sala del Tribunal el día 25 de noviembre de 2008 decretándose la suspensión del procedimiento en el que incide, y la vista de la causa se fijó para el día 23 de abril de 2009.
El derecho de propiedad sobre las pensiones de orfandad no pagadas de las que se privaría a la requirente en virtud de aplicarse el plazo de caducidad o prescripción establecido en el precepto que impugna; y derecho a la seguridad social que se vería afectado en su esencia por la limitación temporal que la norma establece, son las infracciones constitucionales que se denuncian.
El efecto inconstitucional que se alega se produciría al impedírsele a la requirente impugnar la sentencia de segunda instancia por medio del recurso de casación, lo que infringiría la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
El requirente se alzó, al amparo de la normal legal impugnada, en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo que le ordenó reincorporar a una dirigente sindical a sus funciones habituales.
Luego de transcribir el artículo 108 de la Constitución y las normas objeto de control, el TC concluyó que el artículo 3º, inciso tercero, y en el artículo 10º, incisos primero y tercero, del referido proyecto de ley, tienen naturaleza orgánica constitucional, al modificar la LOC del Banco Central, puesto que le otorgan nuevas atribuciones a dicha entidad.
La gestión en la que incide el requerimiento es una acción de protección rechazada por la Corte de Iquique y apelada para ante la Corte Suprema.
