Su aplicación en el caso concreto, efectivamente, impediría que las personas que se consideran afectadas en su honra o crédito, como producto de imputaciones injuriosas, y que han recurrido a esta Magistratura, pudieran ser indemnizadas por el daño moral sufrido.
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional, los artículos 3, 229, 334, 342, letra f), 370 y 483 del Código Procesal Penal.Los preceptos legales impugnados disponen, en lo impugnado, la exclusividad de la dirección de la investigación penal por parte del Ministerio Público, el primero; el concepto de formalización de la investigación, el segundo; la prohibición […]
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional lo dispuesto en una parte del inciso 2° del artículo 5° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. El precepto legal, en la parte impugnada, dispone que es pública “toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su […]
el examen de la figura en cuestión (acumulación de infracciones o contravenciones graves o gravísimas en los últimos doce meses) revela que no hay descripción de algún comportamiento o conducta, entendidos como un acto voluntario, y, por ende, no hay acción que pueda configurar un hecho típico. Si no hay acción, no hay delito.
El Senado remitió al TC el proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca, contenido en el Boletín Nº 7947-03.El proyecto de ley, iniciado por mensaje, aumenta los Consejos de Pesca, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, crea la Comisión Nacional de Acuicultura, […]
se aprecia que el requirente pretende que se determine la adecuada interpretación de la disposición impugnada y se corrija la aplicación que de la misma se ha efectuado en sede municipal, atribuyéndole al Tribunal Constitucional una competencia que, como se señaló, es propia de los jueces del fondo y que éstos ejercen a través de las distintas herramientas procesales que consagra el legislador.
el requerimiento de autos no da debido cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 80 de la LOCTC, toda vez que la requirente no indica de modo claro y preciso la forma en que la aplicación a la gestión sub lite del precepto legal cuestionado infringiría las disposiciones constitucionales que invoca como conculcadas.
es clara la intención del legislador en orden a no disminuir las garantías de los derechos de los extranjeros y que, por otra parte, el juez tiene todas las herramientas para interpretar con criterios conforme a la Constitución, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. No obstante, agregan, es función de esta Magistratura precisar el cartabón contra el cual se deben confrontar cuestiones que, en la práctica, importen efectos constitucionales concretos.
consta en autos que con fecha 18 de mayo de 2012 la Corte Suprema falló el recurso de casación en el fondo deducido en la gestión sub lite, sentencia que se notificó por el estado diario y respecto de la cual no proceden recursos, por lo que se encuentra firme o ejecutoriada.
Los funcionarios, al igual que todas las personas, tienen aquellos derechos que su relación estatutaria, definida por el legislador, no haya limitado expresa e inequívocamente. Los funcionarios no son personas de segunda categoría ante la Constitución
