Después de verificar que fueron aprobadas en ambas Cámaras con las mayorías requeridas por la Constitución, que se cumplió con el trámite de oír a la Corte Suprema y que respecto de ellas no se suscitó cuestión de constitucionalidad, resolvió que se ajustan a la Carta Fundamental.

Los Ministros Bertelsen, Vodanovic y Aróstica dejaron constancia de que estuvieron por examinar preventivamente la constitucionalidad del artículo primero transitorio del proyecto de ley remitido por tratarse de una disposición que está unida por una relación de lógica continuidad con el artículo segundo transitorio controlado por el Tribunal por regular una materia que la Constitución ha reservado a la ley orgánica constitucional relativa al Poder Judicial.

La Sala designada por el Presidente del TC resolvió que logró convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, siendo impertinente, por ende, que sea acogida a tramitación en forma previa a su examen de admisibilidad. (Roles Nºs 1727, 1749, 1753, 1771, 1781, 1788, 1789, 1823, 1828, 1834, 1860, 1878, 1890 […]

De ese modo –prosigue el fallo- se aprecia que el actor ha planteado un problema de interpretación y de determinación de preceptos legales aplicables a un caso concreto, y no propiamente un conflicto entre un precepto legal y la Constitución que deba ser resuelto por la Magistratura Constitucional

(…)está planteado como un requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal, en circunstancias que, en realidad, constituye una acción de inconstitucionalidad dirigida en contra de un auto acordado.»

De allí, entonces, que como se ha fallado anteriormente, al no ser la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad un medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales, con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar, o anular éstas…

El Tribunal observa también que el actor pretende la “aplicabilidad” de una norma a la gestión pendiente, cuando reiteradamente se ha destacado el efecto exclusivamente negativo de la declaración de inaplicabilidad…

En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la vida e integridad física, connota que aquel es precisamente el objeto de la gestión pendiente y que el Tribunal no puede, simplemente, dar por ciertas las palabras de la actora, ya que es ésta quien debe, en el juicio de fondo, demostrar sus dichos con evidencia.

El Tribunal Constitucional informó que en sesión de Pleno celebrada el día 8 de marzo pasado, adoptó acuerdo en la causa Rol N° 1849-10-CDS, sobre requerimiento de inconstitucionalidad deducido con fecha 5 de noviembre de 2010 por 36 diputados, en contra del Decreto Supremo N° 264, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el […]

Cabe recordar que la señalada competencia le fue asignada explícitamente a TC por la Reforma Constitucional de 2005 en relación a las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.