La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de nulidad de derecho público seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se pretende anular una serie de actos y procedimientos administrativos realizados, tanto por la SVS como por la Tesorería General de la República, en el marco de un procedimiento de reliquidación y posterior cobro de multa e intereses dispuesto en contra del afectado por la SVS.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en el fondo declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante el cual se pretende anular el fallo de segunda instancia dictada por ese Tribunal de Alzada -que confirmando la sentencia del Director Regional del SII de Valparaíso- acogió sólo en parte la reclamación tributaria tendiente a dejar sin efecto liquidaciones de impuestos practicadas por concepto de retención IVA por cambio de sujeto pasivo.

La gestión pendiente invocada incide en una reclamación tributaria pendiente de resolución ante el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco.

«…por cuanto se establece un requisito previo a la interposición de acciones judiciales derivadas de perjuicios sufridos a consecuencia de prestaciones médicas, lo que establece una diferencia entre los titulares de derechos derivados de perjuicios producidos por prestadores de otros servicios, ya que éstos no están obligados a realizar la mediación mencionada».

«…infringe el principio de proporcionalidad y la autonomía de las Municipalidades y su facultad esencial de poder asociarse entre ellas, obteniendo personalidad jurídica, conculcando con ello el artículo 118, incisos cuarto y sexto, de la Constitución Política».

«…la garantía constitucional de libertad de trabajo y su protección que declara el artículo 19 Nº 16° de la Constitución, incluye el reconocimiento de que todo operario debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, lo que implica que pueda disponer de descanso adecuado y exista una limitación razonable de la duración del tiempo de trabajo, que le permita disfrutar de tiempo libre para compatibilizar sus obligaciones laborales con los otros aspectos de su vida».

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las partes de la gestión invocada, debiendo acompañar la parte requirente, dentro del mismo término, copia de los recursos de apelación y casación interpuestos en contra de la sentencia definitiva.

«…en diversos pronunciamientos ha declarado la inaplicabilidad de una expresión, una frase o inciso de un artículo y ha precisado que el requisito de la acción consiste en que se impugne un precepto legal se da por cumplido en aquellas ocasiones».

La gestión pendiente invocada incidía en el proceso de desafuero seguido en contra del Diputado René Alinco Bustos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en actual tramitación en la Corte Suprema por vía de apelación.

«…en la sentencia de primera instancia agregada a los autos, se aprecia que el Juez del Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y declaró abusiva las cláusulas relativas al cobro de comisiones, fundado en diversas disposiciones de la Ley N° 19.496 y del Código Civil dentro de las cuales no se menciona el artículo 1683 de este último cuerpo normativo».