De ese modo –prosigue el fallo- se aprecia que el actor ha planteado un problema de interpretación y de determinación de preceptos legales aplicables a un caso concreto, y no propiamente un conflicto entre un precepto legal y la Constitución que deba ser resuelto por la Magistratura Constitucional

(…)está planteado como un requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal, en circunstancias que, en realidad, constituye una acción de inconstitucionalidad dirigida en contra de un auto acordado.»

De allí, entonces, que como se ha fallado anteriormente, al no ser la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad un medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales, con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar, o anular éstas…

El Tribunal observa también que el actor pretende la “aplicabilidad” de una norma a la gestión pendiente, cuando reiteradamente se ha destacado el efecto exclusivamente negativo de la declaración de inaplicabilidad…

En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la vida e integridad física, connota que aquel es precisamente el objeto de la gestión pendiente y que el Tribunal no puede, simplemente, dar por ciertas las palabras de la actora, ya que es ésta quien debe, en el juicio de fondo, demostrar sus dichos con evidencia.

El Tribunal Constitucional informó que en sesión de Pleno celebrada el día 8 de marzo pasado, adoptó acuerdo en la causa Rol N° 1849-10-CDS, sobre requerimiento de inconstitucionalidad deducido con fecha 5 de noviembre de 2010 por 36 diputados, en contra del Decreto Supremo N° 264, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el […]

Cabe recordar que la señalada competencia le fue asignada explícitamente a TC por la Reforma Constitucional de 2005 en relación a las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.

La Cámara de Diputados remitió al TC el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay, el 27 de mayo […]

«(…)por sentencia definitiva de primer grado se declaró terminado el contrato de arrendamiento de un inmueble, decisión que impugnó a través de sendos recursos de apelación y casación en la forma, pero que por efecto de la aplicación del precepto legal cuestionado el Tribunal de Alzada -llamado a conocer del recurso de apelación- estará impedido de decretar orden de no innovar.»

…destaca que el legislador ha ido derogando expresamente dicho injustificado condicionamiento procesal, por no ser conciliable con un régimen de Estado de Derecho.