El requirente estima que la sanción resulta desproporcionada y carente de fundamentos, y vulnera, entre otros derechos, la igualdad ante la ley.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.

Constituye una medida legítima que cumple con los estándares constitucionales de proporcionalidad igualdad ante la ley y debido proceso. Se modifica precedentes.

El requirente alega que se le confiscan injustamente sus bienes, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.

El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.

El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.

El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

El requirente alega que se le aplica un tributo injusto que le impide desarrollar su actividad económica.