Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
No resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La Notario requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y carente de razón, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
Infringe el derecho a la tutela judicial efectiva.
La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
Norma impugnada constituye una regla razonable en su aplicación en la gestión pendiente. No resulta contraría a la Constitución.
El requirente estima que el hecho de descartar toda su prueba testimonial por ser una persona jurídica resulta arbitrario y afecta su derecho a defensa.
