Vulnera la libertad sindical, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a adquirir toda clase de bienes, así como la igualdad ante la ley.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
El requirente alega que la norma permite un uso discrecional de la facultad punitiva del Estado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Establece una desviación de los fines de la pena, carece de proporcionalidad y afecta el principio de igualdad.
El requirente sostiene que se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la autoridad ambiental tomó una determinación carente de razón sin que haya podido presentarse oposición alguna, afectando gravemente su patrimonio.
El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita ya ha sido aplicado en la gestión pendiente, por lo que un pronunciamiento estimatorio en sede constitucional no surtirá efecto a su respecto.
Incurre en una discriminación arbitraria e impide el acceso a un recurso útil.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
Su aplicación al caso concreto deviene en inconstitucional al transgredir la garantía de la libertad sindical.
