El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.
Constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional al no describir el núcleo esencial de la conducta. Vulnera lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).
El rol del Estado no es generar ghettos ni aislar a la población mediante el incentivo al encierro, sino asegurar libertades, dar seguridad y velar por la integración armónica de los diferentes sectores de la sociedad, razonan los disidentes.
El Tribunal Constitucional, actuando de oficio, declaró inconstitucionales las normas que así lo establecían. Antes se habían declarado inaplicables por vulnerar la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
No infringe el derecho al debido proceso legal, sino que permite el ejercicio de una facultad para asegurar el resultado de la acción y propender al mejor servicio judicial.
El requirente estima que no hay justificación racional que amerite tal limitación a sus garantías constitucionales, en especial su derecho a defensa.
El requirente sostiene que la limitación recursiva es arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
Transgreden los límites del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.
La requirente aduce que vulnera la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, así como el principio de publicidad de los órganos del estado.
El requirente estima que el presupuesto fáctico que permite aplicar el procedimiento militar no reviste la envergadura suficiente para someterlo a un proceso carente de garantías.
