Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el plazo de diez días a las partes de la gestión invocada, debiendo acompañar la parte requirente, dentro del mismo término, copia de los recursos de apelación y casación interpuestos en contra de la sentencia definitiva.

«…en diversos pronunciamientos ha declarado la inaplicabilidad de una expresión, una frase o inciso de un artículo y ha precisado que el requisito de la acción consiste en que se impugne un precepto legal se da por cumplido en aquellas ocasiones».

La gestión pendiente invocada incidía en el proceso de desafuero seguido en contra del Diputado René Alinco Bustos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en actual tramitación en la Corte Suprema por vía de apelación.

«…en la sentencia de primera instancia agregada a los autos, se aprecia que el Juez del Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y declaró abusiva las cláusulas relativas al cobro de comisiones, fundado en diversas disposiciones de la Ley N° 19.496 y del Código Civil dentro de las cuales no se menciona el artículo 1683 de este último cuerpo normativo».

Diversas han sido las opiniones que ha suscitado este caso, como la del Diputado Jorge Sabag, el que acusó de “negligencia inexcusable” del Gobierno por no defender al Registro Civil en alegato en Tribunal Constitucional, ya que en los alegatos existió ausencia de abogados representantes del Ejecutivo.

«las exigencias constitucionales en materia de justo y racional procedimiento son definiciones primarias del legislador complementadas con el desarrollo jurisprudencial de la cláusula del debido proceso. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso.»

La iniciativa tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y fue despachado en tercer trámite constitucional por el Senado, después de aprobar la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. La Corte Suprema, por su parte, consignó su opinión respecto de la iniciativa informándolo favorablemente, pero formulando ciertas observaciones de las que dejó constancia en su oficio.

«concluye el Ministro disidente, como reiteradamente lo ha declarado el TC, la interpretación legal no queda comprendida dentro de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental.»

«La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento ya que resolver la cuestión planteada, aduce, exige necesariamente pronunciarse sobre si debe aplicarse el DFL 850/1997, del Ministerio de Obras Públicas, o el DFL 323, de 1931».

«La Sala designada por el Presidente del TC no admitió a trámite la acción deducida, pues el certificado acompañado por la requirente no da debido cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 79 de la LOCTC…»