Cabe recordar que la señalada competencia le fue asignada explícitamente a TC por la Reforma Constitucional de 2005 en relación a las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.

La Cámara de Diputados remitió al TC el proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay, el 27 de mayo […]

«(…)por sentencia definitiva de primer grado se declaró terminado el contrato de arrendamiento de un inmueble, decisión que impugnó a través de sendos recursos de apelación y casación en la forma, pero que por efecto de la aplicación del precepto legal cuestionado el Tribunal de Alzada -llamado a conocer del recurso de apelación- estará impedido de decretar orden de no innovar.»

…destaca que el legislador ha ido derogando expresamente dicho injustificado condicionamiento procesal, por no ser conciliable con un régimen de Estado de Derecho.

Cita luego la doctrina que fluye de las decisiones que adoptó en los roles 1544, 1644, 1572, 1598 y 1629, para poner de relieve que debe distinguirse la fecha del contrato de salud previsional al momento de resolver si procede acoger o no un requerimiento de esta naturaleza.

El TC estimó que, por atribuir una nueva facultad a los municipios, regula una materia propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades. En relación a ella resolvió que es constitucional, en el entendido de que tal nueva competencia no afecta las atribuciones y funciones privativas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dentro del correspondiente territorio comunal.

“nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Luego de transcribir el artículo 77 de la Carta Fundamental, junto a la norma sometida a control, el Tribunal concluye que regula una materia propia de la ley orgánica constitucional relativa al Poder Judicial, en tanto amplía el ámbito de competencia que entrega a los juzgados del trabajo.

La segunda sala del TC declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad deducido por la Corte de Apelaciones de Santiago mediante el cual se solicita pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, que sólo permite el matrimonio heterosexual. La decisión fue acordada con el voto de los ministros José Antonio Viera-Gallo, Carlos Carmona […]

(…)De su sola lectura resulta que no son derecho aplicable para resolver el recurso de casación en la forma, fundado en la causal de contener la sentencia recurrida decisiones contradictorias.