Ésta sostiene que el único caso en que tendría sentido la prohibición de reformatio in peius, es en el segundo juicio actualmente en tramitación, pues, arguye, nunca la resolución que acoja un recurso de nulidad implicará, ante la Corte, una posibilidad de reforma en perjuicio, ya que ésta no puede dictar sentencia de reemplazo.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante un Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dictó una resolución que sobreseyó definitivamente la causa por el delito de abusos sexuales en contra de menores de 14 años, y que, actualmente, se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Sala designa por el Presidente del Tribunal ordenó que, previo a resolver sobre la admisión a trámite de la acción de inaplicabilidad deducida, el requirente acompañara copia del contrato de salud previsional que suscribió con la Isapre, lo que fue cumplido, observándose que el referido contrato es de mayo del año 2001.

La acción de inaplicabilidad incidía en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

La acción de inaplicabilidad incide en una reclamación interpuesta ante un Juzgado Civil de Rancagua en contra del Servicio de Salud de la Sexta Región, por medio de la cual se pretende dejar sin efecto una multa aplicada bajo el apercibimiento de prisión, por una supuesta infracción de las normas aludidas, lo que vulnera el principio de legalidad, de reserva legal, y de taxatividad en materia penal (art. 19 N°3), junto con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21)

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Carmona, quien fue del parecer de declarar la inadmisibilidad del requerimiento, ya que, aduce, se concurre en la causal de inadmisibilidad del N° 5 del artículo 84 de la LOCTC, pues de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparece que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación en ella o no resultará decisivo en la resolución del asunto.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó al reembolso de las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que esa empresa mantenía en bienes fiscales.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

La impugnación no se admitió a trámite y se declaró derechamente inadmisible, toda vez que la sala designada por el Presidente del TC llamada a pronunciarse sobre su admisión a trámite a fin de resolver sobre la admisibilidad de la acción deducida, concluyera que adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar.

Estima de que de aplicársele la norma impugnada se vulnera –entre otras disposiciones- la igualdad ante la ley y el debido proceso, como también la Convención Internacional sobre los derechos del Niño.