Los trabajadores requirentes alegan que la aplicación del precepto impugnado agrega trabas improcedentes a la posibilidad de recurrir de nulidad.
El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
La capitalización mensual de intereses en la deuda es improcedente, porque estaba imposibilitada de desplegar una conducta distinta si la relación laboral se estableció en la sentencia.
Modificaciones normativas conforman un nuevo estatuto que facilitará la investigación y persecución del comercio ilegal y piratería.
El requirente estima que se afecta su garantía al debido proceso, pues no puede defenderse de una sentencia que considera abusiva y atentatoria de derechos.
El requirente estima que el hecho de que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.
El requirente, La Polar, estima que la aplicación de la norma en el caso concreto pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley.
Por unanimidad se declaró que los preceptos impugnados configuran una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.
Parte de las normas sobre las cuales emite pronunciamiento fueron declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
