Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 23, inciso primero, y 24, inciso primero, del DL Nº 3.063 –Ley de Rentas Municipales-, en relación a un juicio ejecutivo de que conoce la Corte de Santiago en sede de un recurso de apelación.El requerimiento no fue acogido a tramitación, al concluir el TC que aquél […]

El Senado remitió el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, a fin de que el TC ejerza el control de constitucionalidad respecto del artículo 43 del mismo, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional […]

El requirente señala que un inmueble de su propiedad fue adjudicado por la mitad de su valor a la citada institución bancaria en pública subasta decretada por un juez civil, lo que daría derecho a cualquier otro vendedor para rescindir el contrato celebrado por causa de lesión enorme

La citada disposición establece que “La regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos”.

El fallo agrega que si bien la restricción satisface la exigencia de encontrarse clara y suficientemente determinada en la ley, la previa consignación exigida no puede justificarse como un modo de evitar reclamos injustificados o litigación puramente dilatoria y no constituye un medio idóneo para alcanzar esos fines, pues se aplica con entera independencia de que el juez estime un reclamo fundado, con plausibilidad de ser acogido, o si lo considera infundado, temerario o puramente dilatorio.

De ese modo la norma impugnada permitiría que un particular “expropie” a otro particular y en su propio beneficio, creando un privilegio a favor de la actividad económica de generación de energía eléctrica en desmedro de la actividad silvoagropecuaria que es la que desarrolla la peticionaria.

La gestión pendiente invocada es un proceso administrativo iniciado por solicitud ante el Tesorero General de la República que se encuentra en trámite ante el organismo referido.

La sentencia cita lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para poner de relieve que al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras “de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados”.

La Defensoría sostuvo que dicha norma infringe los artículos 19 N° 3 y 63 de la Constitución, dado que un DFL no puede ser fuente de delitos ni penas, porque ello supone una infracción al principio de legalidad.

La inconstitucionalidad es una contradicción entre normas, no entre la decisión de un juez y la que se estima más adecuada, ya que para reclamar por la posible aplicación errónea o equivocada de disposiciones legales existen los recursos procesales, razona la sentencia.