El requirente indica que el juicio referido corresponde a varias decenas de denuncias infraccionales y demandas de indemnización de perjuicios que han sido deducidas en contra del Instituto Profesional de Chile S.A. por alumnos de las carreras de Investigación Criminalística y Peritaje Judicial, y también por el Sernac.

El requerimiento fue acogido a tramitación por la Segunda Sala del Tribunal el día 25 de noviembre de 2008 decretándose la suspensión del procedimiento en el que incide, y la vista de la causa se fijó para el día 23 de abril de 2009.

El derecho de propiedad sobre las pensiones de orfandad no pagadas de las que se privaría a la requirente en virtud de aplicarse el plazo de caducidad o prescripción establecido en el precepto que impugna; y derecho a la seguridad social que se vería afectado en su esencia por la limitación temporal que la norma establece, son las infracciones constitucionales que se denuncian.

El efecto inconstitucional que se alega se produciría al impedírsele a la requirente impugnar la sentencia de segunda instancia por medio del recurso de casación, lo que infringiría la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

El requirente se alzó, al amparo de la normal legal impugnada, en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo que le ordenó reincorporar a una dirigente sindical a sus funciones habituales.

Luego de transcribir el artículo 108 de la Constitución y las normas objeto de control, el TC concluyó que el artículo 3º, inciso tercero, y en el artículo 10º, incisos primero y tercero, del referido proyecto de ley, tienen naturaleza orgánica constitucional, al modificar la LOC del Banco Central, puesto que le otorgan nuevas atribuciones a dicha entidad.

La gestión en la que incide el requerimiento es una acción de protección rechazada por la Corte de Iquique y apelada para ante la Corte Suprema.

La inadmisibilidad del requerimiento fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Baeza quien estuvo por acogerlo a tramitación.

El TC no hizo lugar a la acción deducida por no reunirse el quórum de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio que exige la Carta Fundamental para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal.

La sentencia se acordó con el voto en contra del ministro Fernández Fredes, quien consideró que la Constitución ha confiado al legislador determinar las formas concretas en que se regulará la protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia…