El TC no hizo lugar a la acción deducida por no reunirse el quórum de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio que exige la Carta Fundamental para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal.

La sentencia se acordó con el voto en contra del ministro Fernández Fredes, quien consideró que la Constitución ha confiado al legislador determinar las formas concretas en que se regulará la protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia…

Ante el máximo Tribunal se encuentra pendiente de resolver un recurso de aclaración, rectificación o enmienda respecto de la sentencia que resolvió rechazar el recurso de queja aludido, siendo ésta la gestión pendiente invocada.

Es atribución del TC, “Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley”, lo que podrá ser planteado por el Presidente de la República, por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en los plazos y en las hipótesis que en esa disposición se regulan.

La acción no fue acogida a trámite al verificar el TC que la gestión en la cual incide el requerimiento se encuentra afinada por haberse dictado en ella sentencia definitiva ejecutoriada y no existir ya una gestión pendiente.

El TC se pregunta si puede volverse a accionar para reiterar que los preceptos legales eventualmente aplicables por los jueces del fondo adolecerían de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se habían hecho valer en un anterior requerimiento por la misma parte, en idéntica gestión judicial y con iguales fundamentos, declarado inadmisible por sentencia firme.

Agrega que aquél es un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica, y que cuando la Constitución señala que la Corte Suprema debe ser oída previamente, ello supone que se efectúe la consulta durante la discusión de la ley en el Congreso Nacional si el mensaje o moción se hubiere presentado sin su opinión y siempre con anterioridad a la aprobación de la misma.

La norma impugnada establece, en relación a la oportunidad procesal en que se puede acompañar la prueba documental, que “los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia”.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 365 del Código Penal, en relación a una causa seguida ante un TOP de Viña del Mar.

Admite que en este caso existe una contienda de competencia de aquellas que le corresponde dirimir, desde el momento que un tribunal inferior de justicia (TF) y una autoridad administrativa (MP) mantienen discrepancia acerca de cuál de ellos debe ejercer sus funciones frente a la existencia de hechos que pueden importar la comisión de delitos.