No obstante que el requirente acreditó ser parte en la gestión judicial y que ella se encuentra pendiente, se dispuso que previo a resolver sobre su admisibilidad el Secretario certificara el estado de la causa en que incide.

El MP, mientras se tramitaba la contienda de competencia comunicó que “luego de un mejor estudio de los antecedentes ha decidido proseguir con la investigación del delito de amenazas… de manera tal que no existe ya contienda de competencia que deba ser dirimida”.

El TC razona que en él no se expresa, de manera clara y precisa, de qué manera el precepto legal que se pide inaplicar se relaciona y puede resultar “decisivo” para la resolución de la gestión judicial pendiente.

El MP sostuvo, apoyado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.066, que el precepto legal invocado por el Tribunal de Familia no ordena ni señala que la remisión de los antecedentes al MP deba ser inmediata, pues deben ser ellos evaluados por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la de juicio, imponiendo así una exigencia adicional de ponderación de los hechos que configuran el delito de maltrato habitual para darle el sustento o peso suficiente que el tipo penal exige por su propia naturaleza.

En contra de esa decisión se recurre al TC para que declare inconstitucional lo resuelto por el Presidente de la Cámara de Diputados y se impida la tramitación en esa Corporación de la moción que propone modificar su reglamento.

Se solicitó declarar inaplicable la expresión “siempre” contenida en el artículo 279 del Código Penal, que señala: “El dinero o efectos puestos en juego y los instrumentos, objetos y útiles destinados a él caerán siempre en comiso”.

El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 del Decreto Ley Nº 3.063, que establece normas sobre rentas municipales, con incidencia en un reclamo de ilegalidad radicado ante la Corte Suprema en sede de un recurso de casación en el fondo.

La consideró constitucional en el entendido de que no priva, en caso alguno, a las partes del derecho a hacer uso de las acciones y vías de impugnación que tienen su fuente en la Carta Fundamental respecto de la decisión del panel de expertos acerca de la indemnización a que se refiere el precepto, incluido el recurso de queja.

Los Ministros Fernández Baeza y Venegas, si bien concurren a declarar constitucional el proyecto de ley, formulan una prevención que incide varios tres aspectos.