El requirente estima que el hecho de que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.

El requirente, La Polar, estima que la aplicación de la norma en el caso concreto pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley.

Por unanimidad se declaró que los preceptos impugnados configuran una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.

Parte de las normas sobre las cuales emite pronunciamiento fueron declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.

El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, vulnerando su garantía al debido proceso.

El requirente estima que la ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta y la falta de oportunidad procesal para oponerse transgrediría sus garantías constitucionales.

El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.

Las requirentes, dos empresas salmoneras, estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecido por la Constitución.

La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.