Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegan que fueron arbitrariamente excluidos de un bono de reconocimiento profesional.
La requirente alega que la norma es contraria al principio de proporcionalidad, pues le da completa discrecionalidad al Consejo para aplicar sanciones y multas.
El ejercicio de la facultad conferida a los tribunales resulta armónica con la naturaleza cautelar de la acción de protección, que busca restablecer el derecho y asegurar la protección del afectado.
El requirente estima vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que se le impide hacer valer sus argumentos ante tribunales superiores.
La requirente estima que no se la puede sancionar nuevamente por los mismos hechos en sede administrativa por cuanto ello vulnera los límites de la capacidad punitiva del Estado.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal no satisface los principios de legalidad y proporcionalidad, afectando sus garantías constitucionales.
La requirente alega qua la normativa impugnada contraviene los límites constitucionales a la publicidad, vulnerando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
El requirente estima que vulnera su garantía al debido proceso, puesto que no fue debidamente emplazado en procedimiento que terminó con el remate de un inmueble de su propiedad.
La empresa requirente alega que la ley no describe la conducta infraccional, motivo de la multa, permitiendo la arbitrariedad del órgano administrativo.
El requirente alega que los preceptos cuestionados le impiden alegar que no se encuentra en la hipótesis de “empresa deudora”, lo que afecta gravemente su derecho de propiedad.
