Norma que permite al acreedor adjudicarse los bienes embargados por 2/3 del valor fijado en las bases del remate en juicio ejecutivo, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que se le está forzando injustamente a enajenar sus bienes por un valor muy inferior al de mercado, afectando sus garantías constitucionales.