La requirente sostiene que la sanción-prohibición que automáticamente se impone afecta desproporcionadamente su patrimonio, actividad laboral y comercial, es injustificada, excesivamente gravosa y que no se le admite ningún tipo de defensa.

La requirente alega que, en el caso concreto, las normas invocadas imponen una medida de exclusión desproporcionada.

El requirente estima que su despido fue fundado en el desempeño de sus labores como dirigente sindical y no atendiendo a las funciones que le impone su contrato individual de trabajo.

El precepto legal impugnado fue derogado en virtud de la Ley Nº 21.121, publicada en noviembre de 2018.

El tercero apeló de resolución que le ordena poner a disposición del tribunal y del ejecutado sumas de dinero.

Contraviene igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Imponen un amplio rango de multas, sin describir ningún hecho, omitiendo toda tipificación legal y reenviando indebidamente dicha labor a la mera actividad reglamentaria.

Infringiría la igualdad ante la ley, el derecho de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

No garantizan justicia en un plazo razonable e instituyen un proceso jurisdiccional sin término que deja a la requirente en la indefensión en un juicio de nunca acabar.

Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso.