La requirente estima que la norma en cuestión no otorga parámetros al juez para asegurar el justo equilibrio entre las partes que busca la norma.
Su aplicación infringe las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente alega que su aplicación infringe su derecho al recurso.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal contiene una sanción desproporcionada y carente de especificación suficiente.
La requirente alega que la normativa sobre tachas de testigos vulnera su derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, toda vez que se le impide probar los puntos de prueba fijados por el tribunal.
La requirente estima que el hecho que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.
El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley.
La requirente alega que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, al extender más allá de sus límites lo que se entiende por información pública.
La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contravendría la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
Decisión sancionatoria no cuenta con la densidad de fundamentos necesaria, haciendo que el acto sea arbitrario y carente de criterios que permitan ponderar la gravedad de hechos y la respuesta punitiva correspondiente.
